En el plano político, la tarea fue absorbida por los levantamientos armados producidos por la política exclusivista de partido desarrollada por Batlle y la negativa del Partido Nacional a seguir aceptando su continua marginación del gobierno. Firmada en 1904 la Paz de Aceguá, las consecuencias de la revuelta fueron: A) La consolidación de la unidad del Estado. El triunfo colorado implicó la finalización de la política de coparticipación en los gobiernos departamentales. B) Gobierno excluyente de partido y C) La Reforma Electoral.

Con la asunción de Claudio Williman se continuó con un gobierno batllista. El 25 de agosto de 1909 se produjo la inauguración del puerto de Montevideo que estaría al servicio público y el Estado se reservaba la administración portuaria. El país contaba desde este momento con un medio que le permitiría competir con Buenos Aires en relación con el tráfico de ultramar.

Durante la segunda presidencia de Batlle y Ordóñez hubo importantes aportes a los derechos laborales de los trabajadores. Se prohibía el trabajo de menores de 13 años, se restringía la jornada a los menores de 19; la mujer dispondría de 40 días de descanso en el período de embarazo, el descanso obligatorio era de un día cada siete y un máximo de 48 horas semanales de trabajo. Se estableció la jornada de trabajo en 8 horas. También se creó una ley de pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo. Se aprobó una pensión a la vejez que podían utilizar todas las personas mayores de 65 años y de cualquier edad en caso de invalidez absoluta, que se encontrara en la indigencia. Se estableció la indemnización por despido que dependía de la cantidad de años trabajados.

En lo que se refiere a la actividad económica del Estado (estatización y nacionalización). El principio ideológico era que los servicios públicos esenciales debían estar en manos del Estado, ya que éste era el organismo representativo de la sociedad, es decir, de todas las clases sociales, y estaba por encima de sus disputas; el Estado debía intervenir allí, donde el capital privado fuera indeciso o temiera perder dinero, porque no estaba guiado por el afán de lucro sino de servicio público; el Estado debía sustituir a las empresas extranjeras que se llevaban la ganancia fuera de fronteras debilitando así el país.

Fue así que se produjo la estatización del Banco de la República Oriental del Uruguay, 1911 y 1913, la del Banco Hipotecario del Uruguay, en 1912, y la de los seguros, que pasaron de manos privadas a manos estatales con la creación en 1911 del Banco de Seguros del Estado. Se creó a su vez, en 1915 la Administración de Ferrocarriles del Estado y se produjo la secularización de actos públicos.

Como jefe del ejecutivo aseguró la unidad nacional acabando con diversas rebeliones departamentales, estableció la jornada laboral de ocho horas, la indemnización laboral y promulgó la primera ley del divorcio en Latinoamérica, que reconocía los derechos de las mujeres; también creó institutos de enseñanza media en todas las ciudades departamentales. Durante su presidencia, se crearon empresas públicas que competían con las privadas, proporcionando servicios más baratos.

Durante su segundo mandato, sentó las bases para la futura reforma constitucional. Es decir, que produjo en todos los ámbitos la modernización del Estado. Su filosofía, aún sigue presente en la mentalidad de los uruguayos, independientemente de partidos políticos.